La Prolongación de la Castellana.
El embrión del proyecto para la "prolongación de la Castellana" se gestó en 1993. El formato era entonces mucho más modesto y fue bautizado en los medios como "Operación Chamartín". Para desarrollar el plan y ejecutar las obras, se convocó un concurso público que ganó la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch).
En 1996 se creó el denominado Consorcio de la Operación Chamartín, formado por el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Renfe y Duch. La presidencia corresponde cada año, de forma rotativa, a una de las tres administraciones públicas.
En abril de 1997 se aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Este documento abre el paso legal a una nueva ampliación de la Castellana. La "Operación Chamartín" se convirtió en el "Proyecto de Prolongación de la Castellana".
Fueron necesarios más de cuatro años para que llegaran a un acuerdo las partes implicadas. La Ley del Suelo, facilitó las negociaciones, al permitir el aprovechamiento lucrativo del haz de vías ferroviarias, calificadas como sistema general. El acuerdo definitivo llegó a finales de diciembre de 2001, cuando el Ayuntamiento aceptó aumentar su edificabilidad desde los 0,60 m2/m2 iniciales a 1,05 m2/m2. Finalmente, el Ayuntamiento aprobó en el 2002 el Proyecto, así como la necesaria modificación del Plan General necesaria.
La Prolongación de la Castellana es un buen ejemplo de urbanismo a la carta, "cortada" a la medida de la sociedad Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch), participada actualmente por el BBVA (72,5%) del capital social) y Constructora San José (27,5%), constituida en noviembre de 1993 a través de Argentaria. Cuando el proyecto inicial se amplió, los derechos de Duch, que en principio se limitaban a 625.000 metros cuadrados, pasaron a cubrir el 65% de la superficie total del proyecto: 3.120.000 m2.
Frente a propuestas urbanas basadas en la sostenibilidad, la operación "Prolongación de la Castellana" apuesta por la "homogeneización" social y funcional: el 90% de las viviendas previstas (entre 8.100 y 21.900, según horquilla) serán libres frente a un 10% de "protegidas", el uso industrial se reduce a su mínima expresión hasta desaparecer, se produce una ruptura con la trama urbana de los barrios colindantes, los espacios públicos (calles, plazas…) se limitan al tránsito de flujos... Asimismo se advierte una apuesta por el automóvil, propiciando un incremento del tráfico motorizado: prolongación de la Castellana, programada como nueva vía de penetración a la ciudad, nuevo eje este-oeste…