El Plan General de Quijorna
De 2.315 habitantes a 60.000 de la mano de recalificaciones a la carta y clanes político-familiares
Situado a casi 40 kilómetros de la capital, el municipio de Quijorna, de acuerdo con el avance de Plan General expuesto al público en 2006, pretende declarar urbanizable todo el suelo susceptible de serlo: 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. El avance fue redactado por Plarquin, de la que era socio el ex director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto.
En principio, unas 466 hectáreas se encuadran como suelo sectorizado donde levantar 9.500 viviendas, y las restantes 600, como reserva futura para otras tantas. Un plan a 25 años vista, para un tope poblacional de unos 60.000 vecinos.
Desde que en 1998 el anterior alcalde, Florentino Serrano, fuera expulsado del Par-tido Popular tras ser condenado por un delito de apropiación indebida, la judicialización de la vida política de Quijorna ha ido en aumento. Lo fue durante la pasada legislatura, en la que Serrano gobernó en mayoría al frente del Grupo Independiente de Quijorna (GIQ), y lo está siendo en la presente, en la que el apoyo de los dos concejales del PSOE situó al frente de la alcaldía a la popular Mercedes García.
Desde 2003, Serrano ha sido condenado en un par de ocasiones. La primera por un delito de prevaricación, al no abonar al arquitecto José Núñez Oller los honorarios pactados por las obras de remodelación del Ayuntamiento, y, posteriormente, por un delito contra la ordenación del territorio, al haber consentido la construcción de 24 patios de casas invadiendo una parte de la Cañada Real Segoviana.
Ha sido ahora el Grupo Independiente de Quijorna el que ha tomado la vía judicial, interponiendo una querella criminal contra la alcaldesa de Quijorna, María de las Mercedes García, del PP, y a José Núñez Oller, arquitecto y asesor personal de García, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones y tráfico de influencias. Los querellantes denuncian que la alcaldesa ha aprobado una segregación ilegal de una finca, propiedad de José Núñez Oller y sus hermanos, permitiendo la construcción de 19 chalés en una zona donde sólo se podían edificar seis.
Además, el GIQ ha denunciado ante la Fiscalía Especial para la represión de los Delitos Económicos y contra la corrupción las recalificaciones y ventas de fincas llevadas a cabo por la alcaldesa y los dos concejales del PSOE, Juan José Cerrato y Fernando Díaz-Guerra, a Samedi (empresa del grupo San Román, vinculado a la Operación Malaya).
En febrero de 2005, la esposa y dos cuña-dos de Cerrato vendieron una parcela califcada como suelo no urbanizable a varios primos 18.000 euros. Siete meses después se la revendieron a Sanedi por 1,5 millones de euros, recalificándose en el avance del plan como suelo urbanizable residencial.
A la hermana de Díaz-Guerra, Sanedi le compró una parcela por 1,6 millones en septiembre de 2005. El equipo de gobierno también quiere que esta parcela se recalifique.
En septiembre de 2006, el Partido Socia-lista de Madrid (PSM) abrió un expediente a sus dos concejales por votar a favor de unos planes parciales que reducen el número de vivienda protegida en varias zonas.