OPERACIÓN CHAMARTÍN
La prolongación de la Castellana, también bautizada como Operación Chamartín, tendrá una extensión de más de seis kilómetros, desde la plaza de Castilla hasta la puerta de la M-40, con un trazado paralelo a la Castellana. En total, nada menos que 3.120.056 metros cuadrados de suelo.
El proyecto comenzó a gestarse a mediados de los años noventa cuando la compañía ferroviaria Renfe sacó a concursos sus terrenos de la estación de Chamartín que sumaban 1.950.000 metros cuadrados. El concurso lo ganó Desarrollos Urbanísticos Chamartín (Duch), sociedad entonces del grupo Argentaria y que ahora se encuentra en el grupo BBVA. También la constructora San José figura como accionista de la propia Duch. De esta manera, Duch gestiona el 62% de los terrenos de la operación, procedentes de Renfe; otro 20% de los terrenos pertenecen a la Administración o a empresas públicas como la EMT o el Canal de Isabel II y el 18% restante se lo reparten 350 propietarios particulares.
Dos meses después de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, se creó el Consorcio Urbanístico Prolongación de la Castellana, formado por tres representantes de cada una de las administraciones (Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento), así como un representante de Renfe y otro de Duch.
Durante el año 2000, la "Operación Chamartín" permanece en el congelador, sin saber qué hacer, en palabras del propio gerente del Consorcio, mostrando éste una absoluta incapacidad para gestionar los intereses dispares de sus miembros.
La nueva Castellana arrancará en una nueva plaza flanqueada por dos grandes edificios con forma semicircular. Bajo ella circulará en tres niveles el tráfico del llamado nudo norte. Los tres kilómetros que ganará la calle para alcanzar la M-40 tendrá forma de S.
El arquitecto Ricardo Bofill ha previsto también tres puentes. El mayor de ellos unirá la calle del General Herrera Oria, que se prolongará hasta la N-I, y el nuevo barrio de Las Tablas. Entre éste y la futura urbanización de Montecarmelo se ha proyectado un paso elevado similar al Puente Viejo de Florencia (Ponte Veccio).
La estación de Chamartín duplicará su superficie y contará con tres niveles diferentes. Sus cuatro fachadas estarán abiertas a la ciudad para facilitar el acceso desde cualquier punto. El proyecto de Renfe prevé asimismo que se pueda llegar al interior de la estación por cualquier medio de transporte: autobús, metro, trenes de cercanías y coche. Todas las vías quedarán cubiertas por un parque donde está previsto un pequeño estanque.
La imprecisión e indeterminación de la ficha urbanística que se maneja, a propuesta del Ayuntamiento, es absoluta. Tanto, que al examinar los detalles de la operación, no se sabe si habrá más metros cuadrados para viviendas o para oficinas; si habrá un hipermercado o diez; si se levantarán 12 rascacielos (hitos arquitectónicos) o seis; si éstos están incluidos dentro de la edificabilidad de 0,79 m2/m2 (inicialmente 0,6 m2/m2) o van como propina de la operación. El aprovechamiento previsto resulta inferior al de otros proyectos europeos, como el centro de negocios parisino de la Defénse (2,31 m2/m2) o el Broadgate londinense (3,28 m2/m2) pero superior al de los nuevos barrios residenciales (0,3-0,4 m2/m2) en Madrid.
La ficha tan sólo ofrece una horquilla amplia para la interpretación. Así, se establece que entre el 40% y el 65% del suelo edificable será para viviendas. Esto quiere decir que se construirán entre 9.000 y 15.000 pisos. Es imposible conocer, en función de los datos aportados en la ficha, si habrá un 50% de vivienda protegida (VPT y VPO) o todos serán pisos de precio libre.
En el capítulo del suelo terciario tan sólo es posible precisar que habrá oficinas o comercios entre un 30% del total de la superficie edificable (739.000 metros cuadrados) y un 60% (1.477.000).
Respecto a las superficies públicas, la ficha urbanística precisa que habrá 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y libres, 40.000 metros cuadrados para hacer deporte y 72.000 metros cuadrados para estudiar.
Para acometer este proyecto se prevé una inversión directa de cerca de medio billón de pesetas, tomando esta cantidad a los costes estimados actuales.
Si bien la operación se encuentra totalmente definida en sus parámetros, con las imprecisiones señaladas, su desarrollo se haya pendiente de resolver dos cuestiones. En primer lugar, la Ley 20/97 del 15 de julio de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 2º.5 excluyó de aprovechamiento urbanístico las instalaciones de uso público de carácter dotacional obtenido por expropiación, lo que determina que la superficie de la Operación Chamartín que permanece sin cubrimiento no genere derechos urbanísticos a favor de Renfe La Comunidad de Madrid, según parece, se ha comprometido a modificar este artículo en la nueva Ley del Suelo.
La segunda cuestión señala a la operadora y la necesidad de firmar un convenio entre todas las partes que forman el consorcio con ella. Este convenio no se puede formalizar hasta que no se concreten definitivamente las relaciones contractuales entre Renfe y Duch para determinar cuáles son sus derechos y obligaciones en la operación.