El escándalo de los programas de vivienda social en los PAUs.
El escándalo de la gestora-promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), puesto al descubierto por los medios de comunicación en octubre de 2002, no es sino la punta de un iceberg: la estafa generaliza a la ciudadanía que están suponiendo los programas de vivienda social en los PAUs, especialmente en los del norte.
Iniciada su tramitación en 1992, con el objetivo de absorber la fuerte demanda de vivienda existente en Madrid, diez años más tarde de la puesta en marcha de aquel plan -el más ambicioso de España- la especulación y el fraude se han extendido por los nuevos barrios de Madrid.
Los altos precios de la vivienda libre y los fraudes en los pisos de protección oficial (los más baratos) proliferan gracias a la falta de control y vigilancia de la Administración Pública. Desde 1996 hasta ahora, el precio del suelo para levantar viviendas se ha multiplicado por seis, según acreditan los registros de la propiedad.
En este tiempo las denuncias y querellas de afectados por "prácticas irregulares" en los PAUs se han multiplicado, así como las advertencias llevadas a cabo desde diversos sectores sobre la imposibilidad de llevar a cabo los programas de vivienda social previstos dado el precio alcanzado por el suelo: presuntas ilegalidades, puestas en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por varios propietarios de suelo, en los PAUs de Las Tablas y Monte Carmelo, cobro de dinero negro, ventas con "sobreprecios", cantidades entregadas no avaladas, empresas que están vendiendo pisos y no tienen suelo, o que venden el adquirido con el dinero de cientos de familias, embolsándose las plusvalías...
En su día, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid se apresuraron a dar recomendaciones para adquirir sin riesgos. Ahora, tanto uno como otros, a pesar de tener conocimiento o sospechas de lo que pudiera estar sucediendo, prefieren lanzar la patata caliente a los propietarios del suelo en estas zonas. ¡Lejos quedan los tiempos en que Ayuntamiento y Comunidad afirmaban que las 40.000 viviendas de protección pública previstas en los nuevos desarrollos iban a solucionar el problema de la vivienda en Madrid!
Entre tanto, la especulación en los PAUs es monumental. Los 48 euros que costaba el metro cuadrado en 1995 en Sanchinarro, alcanza los 1.802 por metro cuadrado antes de poner un solo ladrillo. Esta subida de precios afecta asimismo al suelo previsto para levantar las viviendas protegidas lo que fuerza a los promotores a venderlas muy por encima del precio autorizado. Y como esto es ilegal, disfrazan la diferencia obligando al comprador a adquirir otra plaza de garaje, firmar un contrato aparte con supuestas mejoras y a entregar cantidades en dinero negro.