La trama inmobiliaria madre de todas las tramas.

En octubre de 2003, la comisión regional de Urbanismo aprobaba el Plan General de Boadilla del Monte, "legalizando" las licencias otorgadas por este Ayuntamiento desde julio de 2001, entre ellas la construcción de la ciudad financiera del Banco Santander Central Hispano. Un buen regalo para Botín que podía así presentar en sociedad su particular "Money World", con campo de golf incluido.

Tras varios años trabajando con las normas urbanísticas de finales de los setenta, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte decidió en 1999 elaborar un nuevo plan general, "olvidándose" de integrar en él la recalificación de 280 hectáreas de suelo (10 veces el casco urbano) donde el BSCH quería ubicar sus oficinas y un gigantesco campus de ocio. La Consejería de Urbanismo se dio cuenta del "error", devolviendo el texto al Ayuntamiento para su correcta tramitación.

Tras subsanar las deficiencias apuntadas por la Comunidad, el pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 2001 el Plan General de Boadilla del Monte. El equipo de gobierno se "olvidó", sin embargo, de poner a disposición de los grupos municipales integrantes del pleno el conjunto de la documentación que compone el Plan. Debido a ello, los ediles socialistas presentaron un recurso contra el nuevo plan general. Sin tomar en consideración el recurso presentado, el Gobierno regional dio el visto bueno al plan, publicándole en el BOC en febrero de 2002.

Sin esperar la decisión de los jueces al recurso presentado, el Ayuntamiento de Boadilla comenzó a otorgar licencias de obras, desarrollándose éstas a una velocidad de crucero, imponiendo "de facto" la ordenación prevista en el Plan recurrido.

En febrero de 2003, año y medio después de presentarse el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Boadilla de 27 de julio de 2001 que aprobó su Plan General. A pesar de la sentencia, se siguen concediendo licencias, en base al Plan anulado, y acelerando las obras.

En mayo la Fiscalía de Madrid acusa al arquitecto asesor del planeamiento urbanístico de Boadilla del Monte, Leopoldo Arnaiz, de urdir una trama para favorecer la implantación en Boadilla de la ciudad financiera del BSCH. Según el fiscal, la supuesta trama de Arnaiz consistió en engañar a los propietarios del suelo, diciéndoles que tales terrenos seguirían catalogados como rústicos. Con ello, Arnaiz logró que los dueños de estos terrenos los vendiesen por precios muy bajos a testaferros de una sociedad del BSCH. Una vez los solares en manos del banco se recalificaron como edificables, según la fiscalía. La Audiencia de Madrid ha exonerado de responsabilidad en esta trama a la entidad bancaria.

En julio el Tribunal Superior de Madrid decidía ejecutar provisionalmente la sentencia que dictó en febrero, ordenando al municipio que no concediera ninguna nueva licencia de obras al amparo del plan general recurrido. La prohibición incluía la macrociudad financiera que levanta el BSCH en la localidad.

Dada esta sentencia, el 1 de agosto, tras poner el equipo de Gobierno en conocimiento de los concejales de la Corporación el conjunto de los documentos omitidos en su día, procedió a una nueva aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Y sin esperar a que un nuevo gobierno de la Comunidad pudiera caer en la tentación de revisar todo el proceso, la comisión regional de Urbanismo, en funciones, aprobó el plan de Boadilla en octubre, cerrando así el círculo de la trama.

El resultado final de todo el proceso es perverso desde un punto de vista democrático. Cuando el mundo del dinero se pone en movimiento, no hay fuerza capaz de pararlo. A veces se encuentra algún dique de contención en el ámbito jurídico, pero acaba cuarteándose. Mientras, el municipio de Boadilla del Monte puede presumir de haber dado cobijo a la trama inmobiliaria madre de todas las tramas, al amparo de la inestimable colaboración del Gobierno regional y al servicio del imperio Botín.